La Corte IDH ordenó en su resolución al Estado salvadoreño presentar un informe en donde detalle los efectos que el proyecto actual de Ley de Reconciliación Nacional tendría sobre el acceso a la justica de las víctimas. El plazo para presentar esta información es de 30 días.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una resolución en la que obliga a la Asamblea Legislativa a suspender inmediatamente el trámite de la Ley de Reconciliación Nacional, que actualmente se discute en El Salvador y que pone en riesgo el derecho al acceso a la justicia de las personas sobrevivientes a las violaciones de derechos humanos cometidas durante el Conflicto Armado Interno.
El viernes 24 de mayo, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Tutela Legal María Julia Hernández —representantes de las víctimas en el caso de las Masacres de El Mozote y lugares aledaños— solicitaron a la Corte IDH que otorgara medidas de protección en el marco de la supervisión del cumplimiento de sentencia de este caso. Esto, ante la inminente aprobación de una nueva Ley que, aseguraron, tendría efectos devastadores en este y otros casos de la época, pues en sus efectos el proyecto se presentaba como una nueva ley de amnistía.
Dentro de este marco, este 28 de mayo la Corte IDH emitió una resolución asegurando que el proyecto de ley que avanza en la Asamblea contiene disposiciones que no garantizarían un adecuado acceso a la justicia para las víctimas de estas graves violaciones. En concreto, puntualizó que algunas de sus disposiciones podrían contravenir los estándares internacionales, como aquella que limita la investigación a un grupo de casos seleccionados por la Fiscalía, la prohibición de la prisión preventiva aun cuando la investigación podría estar en riesgo o la suspensión de las penas de prisión o su sustitución por trabajos de utilidad pública frente a la presunta responsabilidad sobre crímenes de lesa humanidad.
“El efecto vinculante que tienen las órdenes emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligan a que el Estado en su conjunto acate lo ordenado y permita que esta discusión se organice de manera respetuosa para quienes han buscado justicia durante tantos años”, declaró Gisela De León, directora jurídica de CEJIL.
Por su parte, Wilfredo Medrano, representante de Tutela Legal, agregó: “El otorgamiento de estas medidas confirma que ninguna ley puede promover impunidad. Exigimos que la Asamblea Legislativa asuma su responsabilidad en la materia y paralice el trámite administrativo. De lo contrario, El Salvador se encontrará desafiando sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos”.
Las organizaciones representantes consideran que una ley como la que pretende adoptar la Asamblea Legislativa no puede ser discutida a espaldas de las víctimas como ha ocurrido hasta ahora. Agregan que ellas deben ser el centro de cualquier discusión que afecte sus derechos. “Esperamos que el Estado salvadoreño acate sus responsabilidades internacionales, suspenda el trámite de la mencionada ley y se abstenga de adoptar cualquier norma que ponga en riesgo el derecho al acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado”, declararon en conjunto.
La Corte IDH ordenó, en su resolución al Estado salvadoreño presentar un informe en donde detalle los efectos que el proyecto actual de Ley de Reconciliación Nacional tendría sobre el acceso a la justica de las víctimas. El plazo para presentar esta información es de 30 días.
